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La sospechosa actitud del gobierno en la reforma del sistema registral

La ambigüedad y terquedad del gobierno de no querer dialogar en la tramitación del proyecto de ley que busca reformar el sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros y modernizar el sistema notarial y registral de Chile es derechamente sospechosa. Sus vaivenes para estrechar el tiempo de los debates parlamentarios, siempre insistiendo en la suma urgencia, es inexplicable desde todo punto de vista. Particularmente porque no ha dado ni un solo argumento, ni técnico ni jurídico, que expliquen en qué consiste lo apremiante del tema y cual es el sentido estratégico de la reforma.

Lo lamentable es que con anuencia parlamentaria, todo parece un simple intento del Ejecutivo de legislar por sorpresa en un tema aparentemente inocuo, donde algunos conservadores ganarían mucho dinero, pero sin aceptar que el tema de fondo es que la mentada reforma podría afectar gravemente una infraestructura crítica del país en el ámbito digital, cual es el sistema registral patrimonial de todo el país.

La situación es anómala y delicada pues se da en un momento en que el país entero se encuentra abocado a debatir sobre la seguridad de su infraestructura crítica, sobre la certidumbre jurídica en su modelo de desarrollo económico y político y en la información que de confianza a la ciudadanía. Por ello, la política de bandazos del gobierno en la tramitación de esta ley, se torna sospechosa de intereses no develados sobre a quienes beneficia la sorpresa y las decisiones poco debatidas.

El proyecto del gobierno, técnicamente bastante pobre, en su elemento central apunta entre muchas cosas a la creación de un sistema de fedatarios que reemplace actividades que en la actualidad sirven los notarios del país, y a regular de manera más precisa el nombramiento de estos últimos funcionarios. Ello, podría perfectamente haberse zanjado con una ley más simple que pusiera un sistema más transparente del servicio de fedatarios que se crea. Sin embargo, el gobierno –por sorpresa y sin mayor debate- se adentra en cambios relativos al derecho registral, que requieren de mayor maduración y que podrían llegar a cambiar completamente el sistema registral del país, creando nuevos repositorios y recargando al Registro Civil, además de dividir servicios conservadores y migrar datos.

El propio Mensaje del Proyecto de Ley, reconoció que el sistema registral “ha constituido un pilar fundamental de seguridad en el tráfico jurídico y en el registro de bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos, contribuyendo a reducir los asuntos litigiosos conocidos por los tribunales de justicia y generando medios con alto valor probatorio, todo lo cual permite reducir los costos de transacción posteriores a los actos jurídicos celebrados.” Es decir, el Derecho Registral está bien, y entonces cabe la pregunta ¿por qué cambiarlo?. Solo porque los Conservadores ganan mucho dinero según los datos del gobierno?

Los cambios propuestos enrarecen todo el sistema y si, tal como señala otra parte del Mensaje “Los estándares de transparencia y probidad son hoy parámetros que deben incorporarse en todo quehacer del servicio público y debe inspirar el actuar de sus funcionarios” deben cambiar ese aspecto específico de designación y remuneraciones, pero sin intervenir la infraestructura de registro y los repositorios pues entonces, al menos como lo están haciendo, van a crear un caos. A menos que sea precisamente lo que se desee, desorganizar para construir un nuevo negocio.

Esta perspectiva se hace plausible pues el mentado Mensaje menciona estándares de publicidad, transparencia y probidad en las funciones públicas, y habla de “una economía de inversión, innovadora y competitiva”, de la “creación de una Agenda de Productividad y Emprendimiento, con una batería de medidas para despejar las barreras de entrada a los mercados” que entre otras medidas, “exige la modernización del sistema de notarios y conservadores”. Es decir, si “el sistema registral es un pilar fundamental del tráfico jurídico”, también puede ser una barrera de entrada a algún mercado, parece pensar el gobierno, un mercado inmobiliario, de seguros u otro cualquiera que tengan en mente los que impulsan el Proyecto y que, tal como van las cosas, es lo menos transparente del interés gubernamental.

Lo peor de todo, además, es que se pasa a llevar derechos de los trabajadores sin opción de discusión ni consulta.

El 1° de Dic. de 2018, (sesión 111ª / 366 de la Cámara) durante su primer trámite constitucional, ésta en Sala toma conocimiento de un Oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara por el cual se solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto una vez despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de analizar la arista laboral y la debida protección de los trabajadores que se verían afectados por la referida iniciativa legal. Inexplicablemente tal petición fue RECHAZADA, pese a que consta que los cambios que trae este proyecto de ley transgreden derechos sindicales amplios de un número considerable de trabajadores y que, tanto empleadores como trabajadores del rubro, han buscado que esos aspectos se debatan y no se dejen ni al azar ni a la eventualidad de futuros conflictos.

La Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento sometió muy breves y desarticulados artículos del proyecto al análisis de la Comisión de Hacienda, la que prácticamente no los debatió y aprobó el proyecto sin modificación ni observación alguna, pese a la evidente falta de financiamiento del servicio público de fedatarios que se crea, con más de tres mil cargos a elegir por concurso y que operarán bajo supervisión de la Fiscalía de la Corte Suprema. ¿Cuánto le costará al país este nuevo servicio? ¿Es necesario o solo se requería de una medida administrativa en materia de fe pública para “desnotarizar”, como entrecomillado señaló el Mensaje?

Pero tal vez lo más importante sería conocer el verdadero motivo por el cuál un sistema o servicio que se reconoce que funciona bien, que se califica como un pilar del sistema de control patrimonial del país y del auxilio y servicio a la justicia, que se ha modernizado a costo cero para el Estado, de improviso merece ser reformado sin mayores explicaciones. Porque el principal argumento del gobierno y de muchos parlamentarios ha sido el nivel de utilidad financiera que los
conservadores perciben, cosa que perfectamente podría resolverse de manera más simple, considerando que son auxiliares de justicia y están en el Escalafón Secundario establecido en el Código Orgánico de Tribunales. Una cosa muy diferente son los derechos de los trabajadores, los que ni siquiera han sido considerados en los enredados afanes del gobierno con las Comisiones parlamentarias que han conocido el Proyecto.

Fuente El Mostrador Autor  Mario Valdenegro

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La reforma al derecho registral lesiona derechos de los trabajadores

La insistencia con suma urgencia con que el Gobierno ha impulsado el proyecto de Ley que Reforma el Derecho Registral en Chile (Boletín 12092-7) es poco coherente con la crisis social que vive el país. Implica un gasto público desproporcionado para la creación de casi 3500 cargos de fedatarios privados para labores que hoy  realizan los notarios a costo cero para el Estado, pues junto con lesionar gravemente los derechos laborales de los trabajadores  de los oficios Conservadores actuales, y  es un proyecto enteramente desfinanciado en sus requerimientos informáticos los que no han sido considerados en absoluto. Todo ello  amenaza toda la estructura y sustentabilidad del Sistema Registral de Chile.

La obsesión gubernamental por reformar completamente algo que en general  que ha funcionado relativamente  bien hasta ahora, no tiene explicación, más aún cuando la creación de fedatarios privados  cambiará de manera sustantiva el registro de la Fe Pública del país en aspectos importantes. Y, más aún cuando lo propuesto afecta al mismo tiempo de manera casi inadvertida el sistema entero, comprometiendo a futuro las arcas fiscales en un escenario socialmente difícil. La elaboración  legislativa de la reforma no resiste una auditoría financiera básica en su cálculo de los costos que verdaderamente implica, y tiene un compromiso financiero a futuro que queda oculto.

Por tanto, el aspecto central del proyecto no es – como aparenta – la creación de esos miles de fedatarios privados, los que deberán concursar y ser fiscalizados en sus labores de Fe Pública por instituciones del Estado y a costo público futuro, sino el desarrollo tecnológico y la puesta en red de los archivos del derecho registral,  y todo lo relativo a su institucionalidad, especialmente en materia de seguridad, fidelidad y conservación de archivos documentales. Todo esto no ha sido estudiado ni elaborado jurídicamente o financieramente a fondo, y en la creación de repositorios a través del Registro Civil, no se ha hecho un cálculo con base estadística del número de horas laborales perdidas en ese servicio producto de huelgas e interrupciones de servicios, a parte de la sobrecarga registral que actualmente tiene. Así, el Proyecto presenta un riesgo de seguridad que amenaza las anotaciones y asientos registrales y los sistemas informáticos que les sirven, proyectando el debilitamiento del servicio público actual.

Además de la ciudadanía y de los usuarios directos del sistema conservatorio como empresas y otros servicios del Estado, los grandes afectados por la falta de precisión técnica serán los cerca de 1500 trabajadores de los oficios Conservadores de Bienes Raíces, Hipotecas y Gravámenes actualmente funcionando en todo el país, la mayoría de los cuales tiene desarrollos institucionales y regímenes laborales diferentes que deberán homogenizarse, muchos de ellos de excelencia gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores y los funcionarios que dirigen esos oficios. El posible impacto negativo en materia de tarifas y los riesgos de seguridad en las inscripciones de las propiedades, contratos y derechos que deben registrarse es evidente.

Pese a que la reforma implica un enorme gasto fiscal, el gobierno ha presentado un proyecto totalmente vago, incompleto y desfinanciado,  tanto para la fase de construcción e implementación del nuevo sistema,  como para  su operación en los años posteriores.  Poco o nada de lo aprobado tanto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, como en la de Hacienda del mismo cuerpo legislativo, permite sostener que el gobierno estudió concienzudamente la materia, y que la Comisión parlamentaria respectiva lo analizó a fondo. Más aún, la ausencia de un representante cualquiera del Ministerio de Hacienda en la Comisión de Hacienda para aclarar dudas financieras el día de su votación, son una señal casi absoluta de que ese trabajo no está hecho o no se considera de importancia.

El daño laboral que genera el Proyecto de Ley

Por otro lado, la displicencia parlamentaria sobre los impactos  negativos en materia laboral parece una agresión deliberada a los trabajadores. Estos han sido marginados de todo, y en incontables oportunidades el Ministerio de Justicia se ha negado a recibirlos.

Los escenarios posibles, sea que se acuerde una continuidad laboral mediante una indicación, sea que se resuelva terminar por  finiquito y la continuación con relaciones laborales nuevas en todo el país, temas ni siquiera mencionados en el Proyecto de Ley, se  generan enormes interrogantes. La continuidad de los trabajadores con los nuevos Conservadores no se consideró, tampoco su sistema de remuneraciones futuro, en el cual coexisten diversas formas de cálculo, pese a ser oficios regulados en el Código Orgánico de Tribunales. Tampoco existe una valoración, para efectos indemnizatorios o de propiedad según el caso, de los aportes hechos por los trabajadores para los desarrollos tecnológicos y menos de su contribución práctica a la creación  de la institucionalidad del oficio respectivo, en las cuales se ha generado una especialización a base de capacitaciones y job trainning que hoy tiene en los cargos una mayoría de profesionales universitarios, como ocurre con el Conservador de Santiago.

El mejoramiento de la infraestructura tecnológica de este Conservador (que son tres oficios Conservatorios: Propiedad, Hipotecas e Interdicciones, y  que funcionan como ventanilla única), uno de los mejores  oficios, ha sido sostenido por los trabajadores en un 71%, de un gasto que alcanzó el año 2018 unos 1.500 millones de pesos de inversión. El Convenio Colectivo acordó que de los ingresos que les correspondían percibir a los trabajadores una vez descontados los gastos generales, se les restara ese porcentaje para solventar en esa misma proporción, la  inversión programada en desarrollos y mejoras tecnológicas. Es decir, invirtieron dinero en un modelo comanditario para desarrollo informático, que los convierte en una especie de inversionistas y propietarios de ese activo.  De qué manera se reconocerán esos aportes en dinero ni siquiera ha estado en la retina de los parlamentarios al analizar el Proyecto.

En caso de que la ley se apruebe tal como hasta ahora la ha impulsado el gobierno, no queda claro cuál será el destino de esa fuente laboral, qué prestaciones y cómo serán consideradas al término de la relación laboral, que pasaría en la continuidad del servicio si ocurriere un caso fortuito,  o que aquellos que dirigen los oficios decidan argumentar necesidades de la empresa al momento del finiquito, y si se considerará una indemnización adicional con aporte del Estado.

Según el Convenio Colectivo vigente en el CBRS – que por cierto rige solo para él- la base de cálculo para determinar las remuneraciones de los trabajadores es el porcentaje o monto que les corresponda  en el 71% de los ingresos líquidos del Conservador, los que se forman de deducir de los ingresos brutos los gastos generales con un tope de UF6000, los gastos de cualquier demanda no cubiertos por el seguro de responsabilidad civil a excepción de demandas laborales, el pago del seguro de vida y salud, el pago de becas, las comisiones de pagos telemáticos que se le hagan al Conservador y cualquier otro gasto acordado por las partes, punto este último en el que entra el 71% de inversiones en tecnología. En todo esto, el gobierno tiene costo cero, mientras que las mejoras tecnológicas y la profesionalización del servicio, hechos con un enorme aporte del sector laboral, le significan mejorar la velocidad y certidumbre en la recaudación de cerca de U$300 millones de dólares anuales en impuestos.

Ninguna de las preguntas hechas anteriormente tiene respuesta en el Proyecto de Ley. Todos los informes técnicos y financieros hechos llegar a la Cámara de Diputados coinciden en que el Proyecto tiene un desfinanciamiento superior a cinco veces la cifra de 3 mil setecientos millones calculada por el gobierno. Pero este no quiere entender ni analizar el tema. Se afirma en su facultad exclusiva de crear gasto fiscal, sin pensar que lesiona derechos de los trabajadores y arriesga los de todos los chilenos en un nuevo Transantiago, esta vez en el Derecho Registral del país. A su vez, los parlamentarios no han hecho su trabajo de analizar la razonabilidad y los números del Proyecto, haciéndose parte responsable de los daños.

FUENTE EL MOSTRADOR Autor Mario Valdenegro

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CITACIÓN GENERAL 1° LLAMADO

Citase a  1° Asamblea General Ordinaria de Socios de la Asociación Judicial de Chile, para el día 14 de Octubre de 2019, a las 18,45 horas, a realizarse en nuestra sede Santo Domingo 1335, Santiago. TABLA: 1) Rendición de cuentas. 2) Varios.

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CITACIÓN GENERAL

Citase a 2°  Asamblea General Ordinaria de Socios de la Asociación Judicial de Chile, para el día 07 de JUNIO de 2019, a las 18,45 horas, a realizarse en nuestra sede de calle Santo Domingo N° 1335, Santiago. TABLA: 1)  Lectura del acta asamblea anterior. 2) Rendición de cuentas. 3) Varios. 4) Pequeño ágape por inauguración bar salón 2° piso.

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VIERNES JUDICIAL

Cordial saludos.

 

El Directorio de la ASOCIACIÓN JUDICIAL DE CHILE, tiene el honor de invitarles a disfrutar de un “VIERNES JUDICIAL”, con Música en vivo y Karaoke a realizarse el día 14 de Diciembre a partir de las 18:00 horas.

El evento es para todos los que quieran venir a disfrutar  aunque no hagan parte de la Asociación Judicial.

¡LOS  ESPERAMOS!

 

 

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RESULTADO DE LA ELECCIÓN 2018

Para leer Haz  clic aquí Resultado de la Elecciónes 2018

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INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL DE OCTUBRE

SANTIAGO, 23 de Octubre de 2018

 

Estimados asociados, en Asamblea General celebrada el día de ayer, en la que nuevamente contamos con la participación activa de los asistentes, a quienes agradecemos, y habiéndose dado cumplimiento a los puntos de la tabla, se tomaron las siguientes determinaciones:

 

Para seguir leyendo  haz clic aquí INFORMATIVO – ASAMBLEA GENERAL OCTUBRE 22 DE 2018